Partidos y sociedad civil debatirán en el Congreso sobre las reformas necesarias para acabar con la Ley Mordaza

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Miércoles, 4 Julio, 2018 - 19:00

 

El próximo jueves 5 de julio a partir de las 16:45h se celebrará una Jornada Parlamentaria en el Congreso de los Diputados para debatir sobre las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.  En este acto organizado por colectivos sociales, al que han sido invitados todos los grupos parlamentarios, se presentarán una serie de propuestas de cambio a las reformas planteadas en el Congreso.

Estas propuestas han sido consensuadas por numerosas organizaciones y colectivos de todo el Estado, que han trabajado en coordinación con el grupo de análisis de la plataforma No Somos Delito sobre los 10 puntos clave que debería contener una ley para garantizar la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, el derecho a la intimidad o el derecho de asilo. Tal y como afirma la Plataforma No Somos Delito: "consideramos necesario que la reforma de esta ley contemple la eliminación de la presunción de veracidad por parte de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, la redacción de un texto trasparente sin ambigüedades, que cumpla con los principios de no discriminación e igualdad o la abolición de la devoluciones en caliente, puntos que son básicos en cualquier Estado democrático de derecho."

Con relación a las propuestas de reforma planteadas por los partidos políticos PSOE y PNV, los y las juristas del grupo de Análisis de No Somos Delito encargado del estudio de estas propuestas, opinan que "a pesar de alguna mejora sobre la actual Ley Mordaza, ambas propuestas están muy lejos de suponer una ley que garantice los derechos fundamentales y las libertades públicas".

El decálogo de mínimos que traen al Congreso organizaciones sociales cuenta con la adhesión de más de 200 colectivos y alrededor de 1000 personas de todo el Estado. Este texto será debatido durante la Jornada junto a representantes de los grupos parlamentarios siguientes: Enric Bataller i Ruiz, portavoz de la Comisión de Justicia del Congreso de Compromís;  David Serrada Pariente, portavoz de la Comisión de Interior del Congreso del Grupo Socialista; Miguel Ángel Gutierrez Vivas, portavoz de la Comisión de Interior del Congreso de Ciudadanos; Jose David Carracedo Verde, diputado adscrito a la Comisión de la calidad  democrática, contra la corrupción y las reformas institucionales y legales de Unidas Podemos - En Comú Podem - En Marea; y Carolina Telechea i Lozano, portavoz de la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión de Interior del Congreso de Esquerra Republicana.

Una jornada con un doble objetivo

El doble objetivo de la Jornada es, por un lado, denunciar y contextualizar la actual situación de vulneración de derechos en el Estado, y por el otro, contribuir a que la derogación/reforma de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por Ley Mordaza, desemboque en un texto con garantías jurídicas que proteja los derechos fundamentales, según anuncian las organizaciones sociales encargadas del acto. Para ello, se ha previsto la celebración de una jornada dividida en tres bloques interconectados entre sí.

En primer lugar, se presentará un ejemplo de democracia transitiva a través de la muestra de Teatro Legislativo, Viva la Ley Mordaza ¿Viva?, una iniciativa impulsada por la Plataforma No Somos Delito y la Asociación Bajando al Sur que arrancó en marzo de 2017 con la intención de desarrollar un proceso participativo a través del teatro. En esta obra se plantean escenas concretas sobre situaciones de vulneración que ejemplifican las consecuencias de la Ley Mordaza, con el objetivo de que el público genere propuestas de cambio y debatan sobre las posibles necesidades legislativas para que esta ley sea respetuosa con los derechos y libertades. La muestra, además de permitir vivenciar el Teatro Legislativo, servirá para compartir las reflexiones y propuestas en materia de seguridad ciudadana recogidas durante este proceso de investigación participativa en el que se han implicado cientos de personas.

Posteriormente, se contará con la participación de varias organizaciones y colectivos que trabajan diariamente en la defensa de los Derechos Humanos quienes presentarán propuestas especificas de cambio en materias como el derecho a la información y la libertad de expresión, los derechos de personas en riesgo de exclusión social y personas migrantes, la defensa de los derechos humanos y la criminalización del activismo. Las organizaciones participantes en este bloque serán: la Plataforma por la defensa de la Libertad de Información (PDLI), Cáritas España, la Confederación de Asociaciones Cannábicas, SOS Racismo Madrid, Red Acoge, AFEMTRAS(Agrupación feminista de trabajadoras del sexo), la Asociación Libre de Abogadas (ALA), Amnistía Internacional, la Comisión Legal Sol, el colectivo Yayoflautas, ATTAC, Ecologistas en Acción, la Plataforma Antidesahucios, Defender a quien defiende o Greenpeace España.

Tras este bloque se se dará voz a los miembros de los partidos políticos para que den a conocer cuáles son sus propuestas con el foco puesto en qué recogen de las demandas presentadas por la sociedad civil a este respecto, ya que, como apunta la Plataforma No Somos Delito "nuestras demandas no se quedan aquí,  queremos que se habiliten los mecanismos necesarios para facilitar la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de creación de la nueva ley".

El debate final ofrecerá a público asistente y portavoces de los partidos la posibilidad de intercambiar, matizar o incorporar algunas de las temáticas e ideas propuestas alrededor del concepto de la “seguridad ciudadana” que para las organizaciones sociales encargadas del acto debe ser entendida como "el resultado de unas políticas que garantizan los derechos de la ciudadanía, poniéndola en el centro, como protagonista del espacio público y no que se asocien al orden público, poniendo el espacio común de todas al servicio de intereses financieros y políticos de control y represión".

Tres años de aplicación de la Ley Mordaza

El pasado 1 de julio se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana). Desde que se anunció el primer borrador de esta ley, colectivos, organizaciones y sociedad civil han denunciado que su aprobación supone un retroceso en derechos y garantías democráticas. Los últimos datos extraídos del informe del Ministerio del Interior señalan que el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana son las multas por "faltas de respeto y consideración a la autoridad". En estos tres años se han puesto más de 40 mil sanciones por este motivo en base a la aplicación del art. 37.4 de la LOSC. Uno de los artículos más criticados por tener una redacción "demasiado amplia e indeterminada". En palabras de la Plataforma No Somos Delito: "este es uno de los tantos artículos de esta ley que no especifican de forma clara cuáles pueden ser los motivos concretos para que se produzca la sanción dejando a la ciudadanía en una situación de inseguridad ante el poder de la policía, que es quien tiene la potestad de interpretar qué hechos son sancionables o no dentro del libre ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión o reunión".

Entre los últimos hechos recogidos por las organizaciones sociales, encontramos casos de multas de 1200 euros por asistir a la cacerolada convocada la noche del 8 de marzo de 2018 en la Puerta del Sol con motivo de la huelga feminista; en este caso la policía interpuso una multa a una de las participantes argumentando que la concentración en la que participaba no estaba comunicada. Sin embargo, "la Ley de Seguridad Ciudadana no contempla ninguna infracción por asistir a una concentración no comunicada, sino por convocarla, así que esta persona fue sancionada por no atender a una orden ilegítima en base al art. 36.6 de desobediencia a agentes de la autoridad", denuncian las abogadas y abogados de la Plataforma No Somos Delito. Hay otros casos como es el del fotoperiodista que fue multado con 602€ en base al artículo 36.23, que hace referencia al uso no autorizado de imágenes de FCSE, por subir a su cuenta de twitter las imágenes de una detención policial que se producía mientras cubría una movilización de protesta el 3 de marzo de 2016, "un ejemplo claro de vulneración del derecho fundamental de libertad de información", denuncian los y las abogadas.

 

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