Opinión pública y castigo en España. La manipulación política de la criminalidad y sus costos sociales. Luis Arroyo Zapatero

 

 

Opinión pública y castigo en España.  La manipulación política de la criminalidad y sus costos sociales.[1]

Luis Arroyo Zapatero[2]

I. Introducción.

II. Democracia, progreso y criminalidad.

III. Un incremento del número de personas encarceladas y de la tasa de encarcelamiento de la población.

IV. La insoportable desproporción entre el grado de incremento de la criminalidad y del número de personas en prisión.

V. Opinión pública, criminalidad y otros problemas sociales.

 

 

I. Introducción.

Para la Sociedad Internacional de Defensa Social el tema de la relación entre la opinión pública y el castigo penal es de extraordinaria importancia. Los medios de comunicación modernos han estimulado hasta el paroxismo tanto el espíritu de solidaridad con las víctimas como el espíritu más primitivo de venganza. Esta coincidencia y combinación lleva a una política criminal punitivista, que causa más daño social que beneficio y que destruye los valores que se han construido lentamente en las sociedades modernas, en especial a partir de la Ilustración, contra las sombras y la arbitrariedad del régimen feudal. España constituye un buen campo de práctica para el estudio de las relaciones entre castigo y opinión pública. Especialmente tanto para reconocer el papel que adquieren los medios de comunicación para acercar el delito a los miembros de la sociedad, para acercar a éstos la visión de las víctimas y para estimular la solidaridad con ellas, como para inocular el miedo al delito.

Es bien conocido que la combinación de medios de comunicación y delincuencia produce cuatro fenómenos:

1) Miedo al delito;

2) Odio al delincuente;

3) Compasión con las víctimas y

4) Exigencia de venganza y del recurso al talión.[3]

Sobre ese fenómeno descrito se puede producir además toda una construcción de relaciones sociales y actitudes, como han expuesto los clásicos de la teoría de la comunicación. Pero, además, en la época contemporánea los media privados se convierten en empresas del máximo beneficio y crean artificiosamente el crimen como espectáculo. Sirven así a la satisfacción de intereses morbosos de los lectores y, sobre todo, de los espectadores de televisión, un espacio en el que desde la aparición de las televisiones privadas  se encuentra un mercado de elevado interés económico y político, fundamentado en ratings de audiencia a la que se vincula la publicidad y los ingresos. Todo bien alejado del fundamento constitucional de la libertad de expresión y de información en la “libre de formación de la opinión pública cierre comillas, magistralmente expuesto en su día por Habermas[4].

Si ya es malo el fenómeno que generan sin pudor los medios del máximo beneficio, el panorama es aún más oscuro cuando el crimen se utiliza como arma política, ya sea por la labor de la oposición contra el gobierno correspondiente o, todavía más grave, cuando se trata del propio gobierno quien manipula los sentimientos de miedo al delito y el deseo de venganza de muchos ciudadanos para generar rendimiento político-electoral, es decir, en favor de la adhesión a un gobierno que promete protección.

Para evitar la manipulación gubernamental y mediática de la criminalidad es fundamental disponer de una estadística criminal elaborada en instancias ajenas al control partidista, pero no solo eso, que ya es mucho para los países que ni siquiera han pretendido asumir una evaluación de la realidad criminal. La reciente investigación sobre homicidio en Buenos  Aires a cargo de un equipo de la Corte Suprema  dirigido por Raúl Zaffaroni presentado ya en dos ediciones ha contribuido de modo relevante a destruir los interesados clichés buscadores de políticas de ley y orden desacreditadoras de los  gobiernos y del aparato judicial del momento[5].En la experiencia española se advierten varios fenómenos, que conviene analizar separadamente en 4 epígrafes y 13 cuadros:

II. Democracia, progreso y criminalidad.

Cuadro 1

 

 

 

En democracia hay más delincuencia que en las sociedades que viven en una dictadura. En España se puede observar como el número de delitos creció de modo espectacular al paso de la dictadura a la democracia, a partir de 1977. Este salto de la criminalidad fue utilizado por los sectores ultraconservadores en la política y de los medios para desacreditar la democracia y la apertura de la sociedad y para promover la intolerancia y el autoritarismo. Medios de comunicación contribuyeron despiadadamente al enrarecimiento de ese escenario que fomentó la tentativa de golpe de Estado y de vuelta al pasado en 1981, apenas cinco años después del inicio de la democracia.

Cuadro 2

 

 

Lo que no sabíamos entonces era que en los mismos años se había producido un incremento similar de la criminalidad en el resto de Europa. Como ejemplo puede verse en el cuadro la evolución de la criminalidad en Francia y en Alemania en esos años[6]. Lo que demuestra que el incremento de la criminalidad en los 70 y los 80 tenía más que ver con el crecimiento económico, la evolución social y las costumbres que con factores de orden político.

Ese proceso español y europeo de crecimiento de la criminalidad se detiene algo más de diez años más tarde, en 1990 y se reduce y estabiliza durante toda esta década. Sin embargo, un incremento sensible en toda Europa se produce entre 2000 y 2002, un incremento que generó no sólo una reacción social de malestar profundo, sino una gran movilización en los medios. Lo sorprendente es que en la experiencia española sobre el caballo de los medios de comunicación se subió el propio gobierno, lo que se plasmó no solo en la esfera de las declaraciones políticas y parlamentarias, sino en una desenfrenada acción legislativa compulsiva y sistemáticamente anunciada, presentando cada tres meses una campaña contra la criminalidad, tanto con medidas policiales como, sobre todo, con medidas legislativas con las que se prometía el incremento de las penas y su “cumplimiento efectivo”. Todo ello en el mismo período en que el gobierno permitió la reducción del número de los miembros de los cuerpos de seguridad pública en un 10%. Así, en un solo año el gobierno anunció, difundió y tramitó en el parlamento cuatro reformas penales constitutiva de una auténtica política criminal de telediario: la Ley Orgánica 7 / 2003,de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la Ley Orgánica 11/ 2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, la Ley Orgánica 15/2003 por la que se modifica el Código penal de 1995 y las que reforman la ley de responsabilidad penal del menor adoptada como ley orgánica 2/2000, especialmente la del 2003.III. Un incremento espectacular del número de personas encarceladas y de la tasa de encarcelamiento por población.

Cuadro 3

 

 

 

Lo que en todo este periodo de la democracia en España se transforma de modo más espectacular es la cifra absoluta de presos y la tasa de encarcelamiento por población. En el período de los años 80 y 90 se incrementa el número de presos de 33.000 en 1990 a 45.000 en 2000, y alcanza los 76.000 al finalizar la década pasada. Un incremento de más del 100% de los presos en dos décadas. La tasa de encarcelamiento es bien expresiva, pues supera la de las dos naciones que hasta ahora que la tenían más elevada: Gran Bretaña y Polonia.

 

IV. La insoportable desproporción entre el grado de incremento de la criminalidad y el del número de personas en prisión.

 

Cuadro 4

 

 

 

Examinemos ahora el sorprendente fenómeno en España de la incoherencia entre la evolución de las curvas de criminalidad registrada y el número de presos. El número de presos se incrementa de modo notable a partir de 2001-2002, sin que la criminalidad se incremente. El mayor número de presos se atribuye, en primer lugar, a la mayor dureza práctica del nuevo código penal de 1995, que en su afán de renovación y racionalización prescindió de un sistema penitenciario que permitía a la generalidad de los condenados reducir a la mitad el tiempo de condena por el mero hecho del trabajo o el estudio y en el que se aplicaba generosamente el llamado tercer grado y la libertad condicional. Esta última pasó de concederse en 1996 del 26% desde en un 26% los presos a tan sólo el 12% de los mismos en 2003[7]. Pero en segundo lugar, sin duda, la parte más importante de la elevación de la línea del número de presos se produce a partir de 2003, con la entrada en vigor de las leyes represivas adoptadas por el gobierno conservador en el año 2002 estas leyes de 2002 producirán en poco tiempo casi un 80% más de presos que los que el sistema comportaba hasta el 2000 sin que la criminalidad se hubiere incrementado ni en términos absolutos ni en la tasa de criminalidad por población.Todo ello, como se ha dicho, lleva a España a alcanzar una tasa de preso por 100.000 habitantes que se pone a la cabeza de los países europeos, inclusive de los de tradicionalmente mayor nivel de punitivismo.

 

Cuadro 5

Cuadro 6

Cuadro 7

En los cuadros 4 y 5 se puede ver la similitud de los comportamientos delictivos y del número de presos en Francia y Alemania, y puede verse también que la evolución del número de delitos es en España parecida a los dos países mencionados. Sin embargo, en España el incremento del número de presos es espectacular e independiente de la evolución de la criminalidad. En definitiva, la población penitenciaria en España se incrementa en 10 años en más de un 100% y ese incremento se inicia precisamente el año 2000, con plenos efectos de las reformas del nuevo Código de 1995, y se dispara a partir de 2003, salto que supone un 50% del total del incremento producido en los últimos diez años.

Por si pudiera pensarse que el incremento descomunal de presos es producto de un incremento de la criminalidad, se debe contrastar con dos referencias singulares. La primera consiste en que en todo el período no se produce un incremento relevante y continuado de la criminalidad que tenga tasas mínimamente comparables, como se ha visto, y la segunda, que tampoco se produce en esos años un incremento del número de personas que entran anualmente en prisión. En efecto, la tasa de entrada en prisión en España en 2008 era de 109 por cien mil habitantes, por debajo de la generalidad de los países europeos, como bien se muestra en el cuadro que ofrecen García España y Díez Ripollés.[8]

Si la razón del incremento del número anual de presos no radica ni en el incremento de los delitos ni en el del número de personas que entra en prisión anualmente, la explicación recae plenamente en el interior del sistema penal y penitenciario: lo que ocurre es que los presos en España cumplen condenas más largas producto del Código de 1995 y, como consecuencias de las medidas legislativas de la crisis de la seguridad ciudadana de 2001 y 2002 se alargan los periodos de seguridad y acceden los presos en menor medida a la libertad condicional.[9]

V. Opinión pública, criminalidad y otros problemas sociales.

Cuadro 8

 

La sociedad española y su opinión pública han captado perfectamente la evolución del problema de la criminalidad. En el cuadro compuesto por Rechea et al. del Centro de Estudios de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, la opinión pública reacciona de modo significativo y proporcionado a los problemas del terrorismo, que como fenómeno interno hemos padecido desde el principio de la democracia hasta 2011 y que fue particularmente intenso y mediático en los 80 y 90, con numerosos asesinatos y con secuestros largos y asesinato posterior de jóvenes políticos, dispersos en su peligro por todo el territorio nacional[10]. El cuadro muestra que la opinión pública capta también proporcionalmente la normalidad de la criminalidad durante la segunda mitad de los 90 y su incremento en torno a 2001. En efecto, puede seguirse en el cuadro 8 como la opinión pública se alarma desde el último trimestre de 2001, lo que se corresponde con el incremento bruto de la delincuencia que comienza a finales de 2000, como también se advierte en términos de la tasa anual de criminalidad, que pasa del 46 % en 2000 a 52 en 2002, aunque cae al 48.9 en el año 2004 para tras un leve repunte en 2005 (47.8), iniciar una línea de descenso continuado en adelante. Sin embargo la alarma social azuzada por los medios y el Gobierno se multiplica por 3, alcanzando su dato más alto en a mediados de 2003, momento en que comienza a bajar hacia los parámetros de 2001, sin que haya dado no solo tiempo a que opere la nueva legislación, sino a que llegue a entrar en vigor, que lo haría un año después en 2004Esta relación proporcionada se corresponde también como puede verse antes en el cuadro 7 en la tasa de criminalidad comparada, que es en España particularmente baja, a 20 puntos por bajo de la media europea de los primeros 15 países de la UE, es decir, sin los países del Este de Europa.

Cuadro 9

 

 

Obsérvese el cuadro 8 en el que se superponen las líneas de la criminalidad registrada en España con la de la reacción de la opinión pública. En él se advierte  que la excitación del miedo al delito no sólo no se produce en un porcentaje paralelo al del incremento de la criminalidad, sino que lo supera ampliamente. Así, de setiembre 2001 a setiembre 2003 el miedo al delito triplica el porcentaje del incremento de la criminalidad. Ese grado de preocupación de la opinión pública por la criminalidad se reduce retardadamente en un tercio desde 2004 en adelante, cuando la criminalidad ya hace un año que ha decaído radicalmente hasta casi la media de la década anterior. Pero desde ese momento y sin que en ese momento la criminalidad se incremente sino que se reduzca. Mientras tanto el número de encarcelados se incrementa en la tempestuoso número reseñado antes.

Lo más importante es advertir cuanto miedo al delito reflejado en el cuadro, incrementado desde 2000 en un 300 %, fue producido artificialmente por los medios y por el gobierno con sus reformas propagandísticas. En consecuencia, cuánto sufrimiento innecesario a la población por miedo injustificado y cuanto castigo desproporcionado e innecesario se ha infligido a la población  que cometió delitos leves o medios, pues España hace cumplir las penas de prisión más largas por pero tras Rumania y Portugal[11]) y, por decirlo todo, cuánto dinero se ha despilfarrado manteniendo innecesariamente en prisión a personas que no hubieran merecido tanto tiempo de privación de libertad con la legislación anterior[12]. No es fácil contar los años de sufrimiento que cuesta a las víctimas la acción de los delincuentes, pero debería ser más fácil contar los años innecesarios de prisión que se imponen desproporcionada e innecesariamente por los gobiernos que utilizan la criminalidad como técnica de atracción política.

Cuadro 10

Cuadro 11

Cuadro 12

Cuadro 13

          Solo a partir de 2009 se comienza a advertir un tendencia positiva en la vida penitenciaria, derivada de una reorientación de la política penitenciaria a partir de 2005, aunque con la legislación entonces vigente resultaba muy limitada, y desde 2011 con la reforma penal de 2010[13],  llevada a cabo en este punto orientada a corregir los aspectos más irracionales y desproporcionados de las reformas de 2002 y 2003, especialmente el periodo de seguridad obligatorio para los delitos castigados con más de 5 años, que impedía con carácter general el acceso al tercer grado y consiguientemente a la libertad condicional hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, salvo excepciones muy señaladas, que en ningún caso podían alcanzar a los penados por delitos de terrorismo o de crimen organizado.  Corregir ese despropósito y llegar como regla de nuevo a la aplicación del “régimen general” costó ocho años de trabajos y millares de años de innecesaria privación de libertad para miles de presos castigados a cumplir el doble de penas que en los demás países europeos, pues todo proyecto de cambio en este punto se denunciaba como una parte de la estrategia de negociación de “paz por presos” preconizada por la banda etarra, y se producía un huracán trágico con grandes manifestaciones, encabezadas por una politizada organización de víctimas y los dirigentes del partido de la oposición. El que la modificación  proyectada no afectara a los vinculados al terrorismo era irrelevante para la oposición y para la organización mayoritaria de las víctimas.

 

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En el futuro sería altamente deseable, si el Gobierno desea convencer y no solo imponer por la mera fuerza de su mayoría absoluta y del argumento de autoridad, que se someta a un estudio más cuidadoso y de evaluación a las instituciones y a todo el sistema penal. Además del sentido común y del propósito de someter las cuestiones penales al mayor consenso sería deseable resolver las carencias actuales de la estadística criminal y policial y sobre ello organizar un observatorio del sistema penal, que entre otras cosas bien pudiera servir para construir un modelo en España del proyecto que en Alemania pretende dotar a las Administraciones de un “Barómetro de la Seguridad”[14], un estudio y seguimiento de la realidad criminal y de las percepciones sociales y mediáticas de la seguridad tal y como ha sido formulado por la Sección de Criminología del Instituto Max-Planck de Friburgo de Brisgovia que dirige Hans Jörg Albrecht, que entre otras cosas permitiría reducir el partidismo y la manipulación política y de los medios en materia de seguridad pública y de lucha contra el delito, además de servir a la elaboración y gestión de políticas de prevención del crimen y de seguridad pública en las Administraciones y en los espacios urbanos. Aunque los augurios no parecen favorables en estos finales de 2012.

 

 

[1]Texto ampliado y anotado de la ponencia presentada en el Congreso de la Sociedad Internacional de Criminología celebrado en Kobe en agosto de 2011. De una parte de estos problemas me había ocupado en mi Criminalidad y contexto urbano en España, publicado originalmente en inglés en Urban security across the world: Lessons learned, ISPAC ancilary meeting al XI United Nations Congress on crime Prevention and criminal Justice, Bangkok 2005, Albanese J. (ed.) Milan 2006; una versión en español en Libro Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, Universidad de Salamanca, F. Pérez Álvarez, (Edit.) Salamanca 2007, p.37-62.  Preparado durante mi estancia de primavera-verano  de 2012 en el Instituto Max-Plank de Friburgo de Brisgovia, con el generoso patrocinio de la Fundación Alexander von Humboldt. Las estadísticas están cerradas a diciembre de 2012. No puede obviarse la mención a la deficiente información que proporciona. Al respecto ver Aebi, M. F.: El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas en Revista electrónica de ciencia penal y criminología, nº 12, 2010.

[2] Luis Arroyo Zapatero. Presidente de la Societé Internacionale de Defense Sociale, Catedratico de la Universidad de Castilla la Mancha

[3]Muraskin, R. y Feuer Domash, S. Crime and the Media, Headlines vs. Reality. Ed. Pearson. 2007; Lee,  Murray, Inventing the Fear of Crime. Criminology and the politics of anxiety,  Devon: Willan Publishing (2007; Goode, Erich y Ben-Yehuda Nachman. Moral Panics, The social construction of deviance. 2ª Ed. Singapore. Wiley-Blackwell 2009;Jewkes, Yvonne, Media and crime Londres: Sage 2005. Para la experiencia española v. Fuentes Osorio, Los medios de comunicación y el Derecho Penal, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2005; García Arán, M. y Botella Corral, Joan, Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España, Valencia: Tirant 2008; Pozuelo Pérez, Laura,  La política criminal mediática: génesis, desarrollo y costes, Madrid: Marcial Pons, en prensa.

[4] Jürgen Habermas: Stukturkwandel der Öffentlichkeit, Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 5 ª edición., Neuwied/Berlin 1971,

[5]http://www.csjn.gov.ar/investigaciones/, 2014.

[6]Criminalité et déliquance constatées en France, Direction Centrale de la Police Judiciaire, año 2007, p. 20, en línea (cons. 12.12.2012). En Alemania, en términos absolutos entre 1975 y 1995 la criminalidad se multiplicó por dos, v. Polizeiliche Kriminalstatistik, edición 59, 2011, p.32, Bundeskriminalamt, Kriminalstatistik, Wiesbaden 2012.(cons. 11.11.2012)En otros capítulos de este libro puede verse la evolución político criminal en países próximos, como Francia, Alemania e Italia. Para toda comparación de datos europeos v. por todos Aebi, M. Aubusonn de Carvalay G., Gruszczynska B., Harrendorf S., Heiskanen M., Vasilika H., Jaquier V., Jenhle J.-M., Killias M. et al.; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Satatistics, 4Th. ed., Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010

 

[8]Realidad y política penitenciaria, Tirant, Málaga 2012, gráfico 15, pág. 56;Cid Moliné, José, El incremento de la población reclusa en España entre 1996-2006: Diagnóstico y remedios, en Revista Española de Investigación Criminológica, Número 6 (2008);  García-España, Díez Ripollés, Pérez Jiménez, Benítez Jiménez & Cerezo Domínguez, Evolución de la delincuencia en España: Análisis longitudinal con encuestas de victimización, en Revista Española de Investigación Criminológica, Número 8 (2010) Para el marco europeo de comparación sobre entradas en prisión y duracion de la misma v. Aebi M; aubusson de Carvalay B., Stadnic N., Prison entries and length of detenction: the diversity of the correctional systems situation in Europe. en Questions pénales 20(2), pp. 1-4, 03-2007.

 

[9] Cfr. García España y Díez Ripollés, cit., gráfico 16 en pág. 58. En el mismo sentido Elena Larrauri, La economía, política del castigo,  en Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminologia 2009, p. 7 y Laura Pozuelo, La política criminal mediática, cit., p. 110 y s.

[10] Sobre el brutal significado en España del terrorismo en la seguridad y los derechos, así como para dificultar la construcción de un sistema de seguridad publica moderno puede verse mi Criminalidad y contexto urbano en España, publicado en última versión en el Libro Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, Universidad: Salamanca  2004, pág. 37 y sigs.

[11] 18 meses, frente a la media de 7.5 de los países europeos, v. cuadro 16, pág. 58 de García España y Díez Ripollés, cit. En el mismo sentido Laura Pozuelo, La política criminal mediática, cit. p.110 y s.

[12] Aspecto económico en lo que no se cansa de insistir Irving Waller, Menor represión más seguridad, Ed. INACIPE, México, 2008

 

[13] González Tascón, María, El periodo de seguridad, en Comentarios a la reforma penal de 2010,  Álvarez García, Javier y González Cussac (Dir.), Tirant: Valencia 2010, pág. 91 y ss.

[14] Vid. obre el proyecto BaSiD (Barometer of Security in Germany)http://www.mpicc.de/ww/en/pub/forschung/forschungsarbeit/kriminologie/ba...