¡NO NOS VAN A CALLAR! EL 20D TODAS A LA CALLE

Confirmadas movilizaciones en más de 30 ciudades para pedir la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana 

El 20 de diciembre se han convocado movilizaciones en varias ciudades de España para mostrar el rechazo de la ciudadanía al Proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana aprobado en solitario por el Partido Popular el pasado jueves en el Congreso. Movimientos sociales de todo el estado saldrán a la calle este sábado para pedir al gobierno la retirada de esta reforma que podría estar vigente a partir de febrero o marzo de 2015. 

Las principales razones por las que protestamos contra esta ley están claras. La Plataforma se basa en un estudio detallado de la reforma realizado por una comisión de análisis formada por juristas y ciudadanos de la Plataforma, quienes denunciamos que esta ley "es un ataque directo a derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución como la libertad de reunión o libertad de expresión, restringiendo su libre ejercicio con la aplicacion de multas desorproporcionadas que van desde los 100 hasta los 600 mil euros". 

Ley de Inseguridad Ciudadana 

El proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene de la mano de la Reforma del Código Penal, dos medidas actualmente en trámite y cuya aplicación supondrá graves restricciones al derecho de reunión y expresión en España. 

El objetivo de este paquete de reformas no es “garantizar la seguridad ciudadana”, tal y como afirma el gobierno, sino desincentivar y reprimir el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la creciente ola de movilizaciones ciudadanas críticas con la gestión de la crisis en la que nos encontramos inmersos desde 2008.

Estos proyectos de reforma son innecesarios. Pese a que el Gobierno hace referencia a una demanda creciente por parte de la ciudadanía española para garantizar su seguridad, el hecho es que la seguridad ciudadana no es uno de los principales problemas que preocupa a la ciudadanía segun reflejan las encuestas de los organismos públicos (Centro de Investigaciones Sociológicas). 

Esta justificación tampoco se sostiene en términos cuantitativos por un aumento de la violencia u otro tipo de elemento delictual durante el ejercicio del derecho de reunión en España, pues de las más de 87.000 manifestaciones celebradas en España en los dos últimos años, se han producido incidencias en menos del 1% de las mismas, todo ello según datos del propio Ministerio del Interior. Según declaró el propio ministro en su intervención en  el pleno del Congreso “Sólo en el 0,08 de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad han tenido que hacer uso de la fuerza”.

Mordaza a las protestas sociales

La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conlleva un incremento altísimo de las infracciones relacionadas con la libertad de reunión pacífica y de asociación así como la libertad de expresión.  15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma afectan directamente a esta área, lo que denota el interés particular del Gobierno por regular, mediante multas, estos derechos: 

Una ley muy criticada

Desde la presentación del primer borrador de la ley, hace ya casi un año, el Proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana generó el rechazo de múltiples actores sociales, ciudadanos y el de órganos consultivos como el del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos. Como consecuencia, el Consejo de Estado rechazó el primer dictamen “por cuestiones formales” pero meses más tarde un segundo texto sensiblemente modificado pero con las mismas intenciones recibía la valoración positiva del Consejo de Estado con la consiguiente aprobación en Consejo de Ministros. En su discurso, el gobierno ha tratado de desviar la atención sobre los puntos más polémicos de la Ley centrándose unicamente en el visto bueno de estos órganos consultivos. El ministro de Interior, declaró incluso haberse “reunido y escuchado a diversas organizaciones sociales entre las que nombró a Aministía Internacional, Intermon-Oxfam y Greenpeace” sin aclarar que se habían tenido en cuenta muy pocas o ninguna de sus consideraciones.         

Preocupación internacional por los derechos en España

El Gobierno español está haciendo caso omiso a las observaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y continúa con la tramitación de esta ley contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos y sin llevar a cabo ninguna modificación acorde a  sus recomendaciones. 

Para mas escándalo, el grupo Popular ha presentado una autoenmienda a la ley con la que quiere legalizar  las expulsiones de inmigrantes en la frontera, lo que supone una clara violación de la Constitución, el Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación.

-Manifiesto-