La Reforma Penal a punto de ser aprobada por el Congreso, mientras la ONU pide su modificación

 -NOTA DE PRENSA-

•  Se trata de un proyecto en solitario del gobierno, con la oposición de todas las fuerzas parlamentarias y  movimientos sociales
• La reforma convierte en delito la protesta social y, sin embargo, no endurece las penas por corrupción

Madrid, 19 de enero.-El 21 de enero está previsto que se apruebe por el Pleno del Congreso la Reforma Penal, un proyecto impulsado por el gobierno en solitario y duramente criticado por la oposición y organizaciones de la sociedad civil en tiempo y forma por vulnerar importantes principios del derecho penal así como derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. La votación del Nuevo Código penal coincidirá en fecha, con el examen del Consejo de DDHH de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en España, un mecanismo de revisión único en el que han participado organizaciones sociales aportando información y solicitando que se emitan recomendaciones concretas a España en relación con dicha reforma. El relator de la ONU sobre libertad de reunión, Maina Kiai, ya pidió a España que cambiase el rumbo de la reforma del Código Penal, en concreto por su “afectación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”, apreciación que se recoge en el informe que anualmente presenta al Consejo de Derechos Humanos.  

Desde la plataforma de activistas y juristasNo Somos Delito (NSD) llevamos más de un año denunciando la gravedad de esta reforma con la que se construye una justica para ricos y otra para pobres, dirigida a obstaculizar las libertades civiles, castigar la protesta social pacífica y especialmente, las situaciones de pobreza y precariedad.

El nuevo Código Penal vulnera importantes principios amparados por los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Penal como son la Legalidad, la Intervención Mínima, la Proporcionalidad, la Justificación y Necesidad o la NO discriminación. 

En la Reforma del Código Penal se incluyen nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no suponen un peligro para la sociedad, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos, y sin embargo no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes cantidades de dinero. No creemos que esto tenga justificación alguna, precisamente ahora que la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la crisis y el país atraviesa uno de los episodios más escandalosos en materia de corrupción. Conductas como la venta del topmanta, un hurto de poca cantidad en un supermercado, resistirte pacíficamente  en un acto de protesta, parar un desahucio o protestar en una sucursal bancaria serán castigadas con penas de cárcel.  Y sin embargo, el fraude a la Hacienda pública no será juzgado como delito si no supera los 120.000 euros. ¿Dónde está la proporcionalidad?

La desproporción es una de las principales críticas a esta reforma. Por ejemplo, se puede llegar a sancionar con la misma pena (de dos a seis años de prisión) a los responsables de webs que ofrecen enlaces para descargar obras protegidas por derechos de autor como a los que abusan sexualmente de menores de edad. 

Menos penas por corrupción

La reforma del Código Penal ha sido anunciada por el gobierno como una medida contra la corrupción, una intención que no se corresponde con el contenido real del texto. Si bien es cierto que se han regulado con mayor detalle algunas de estas conductas, no es cierto que se hayan endurecido todas las penas, ni es cierto que se trate a todos los ciudadanos por igual.

- Se amplían los delitos de corrupción por particulares para incluir la vertiente internacional, pero se atenúan las penas.

- Se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos).

- No se aprovecha para sancionar las grandes estafas como las preferentes o la financiación ilegal de partidos.

- Además, con la Ley de Amnistía Fiscalque entró en vigor en enero de 2013, lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social y los cometidos contra Hacienda Pública. De esta forma, el cobro indebido de prestaciones de la SS es delito desde el primer euro y, sin embargo, el fraude sobre las cuotas a la SS no es delito si no supera los 50.000 euros.

Criminalizar la protesta social

Estamos hablando de una reforma que introduce delitos hechos a medida de las protestas sociales, como difundir mensajes o consignas por tuiter, las sentadas pacíficas o las ocupaciones en forma de protesta de entidades públicas o privadas aunque estén en horario de atención al público. Con la Reforma Penal el orden público se podría alterar desde un sillón de nuestra casa y ser condenados por ello. “Se castiga a quien difunda mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público o que refuercen la decisión de llevarlos a cabo”. Con esta reforma una persona que difunda consignas de una manifestación por facebook o tuiter puede considerarse que está incitando a cometer un delito de alteración del orden público o podría ser acusada de cometer un delito de este tipo si se produce algún altercado en dicha acción aunque dicha persona no haya acudido a la manifestación o no conozca a quien comete el delito o no haya tenido nada que ver con su comisión. 

La Reforma del Código Penal también está destinada a parar movimientos con gran reconocimiento ciudadano, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las Mareas, ya contempla delitos que criminalizan las protestas de los afectados por la hipoteca, preferentes, o de los colectivos afectados por los recortes en sanidad, por nombrar algunas. "Se castigarán con penas de tres a seis meses de cárcel a quien ocupe propiedades públicas o privadas perturbando su actividad aunque se encuentren en horario abierto al público". 

Para el colectivo Nos Somos Delito, esta reforma, unida a la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualmente se están tramitando en el Senado (también conocida como Ley Mordaza) y la Ley de Tasas ni son una solución para un problema real, ni persiguen el bienestar de la sociedad en condiciones de igualdad. Más bien busca un efecto electoral a costa de vulnerar derechos fundamentales y endurecer el castigo contra toda acción de protesta que la ciudadanía de a pie en condiciones de precariedad podría cometer. Es más, con estas reformas el Estado pretende endurecer de forma injustificada el Derecho Penal, lo que parece demostrar que su único fin es la represión y el negocio carcelario, olvidándose de los fines sociales cuyo resultado beneficiaría a toda la ciudadanía.