Organizaciones y Plataformas Ciudadanas instan al Parlamento Europeo a actuar frente a las Leyes Mordaza

"No hay UE de los Derechos Humanos con Leyes Mordaza en uno de sus estados"

La  Unión Europea no se puede permitir tener un Estado miembro con Leyes  Mordaza que vulneran los derechos humanos y las libertades civiles y  digitales.

MANIFIESTO CONTRA LAS LEYES MORDAZA

 Hace más de cincuenta años que nacía la idea de una Europa común, plural y justa para todos los ciudadanos del continente. Lo hacía inspirada por unos Tratados firmados en Roma en 1950 que consagraban los derechos humanos, mucho antes de que lo hicieran Naciones Unidas. Los países firmantes reconocían que sin el respeto escrupuloso a la dignidad de todas las personas no cabía hablar de una sociedad democrática, libre y justa. Libre porque garantiza a todos nuestros ciudadanos la posibilidad de pensar y expresarse sin interferencias de los Gobiernos. Justa porque reconoce que una vida digna no es posible sin acceso a la cultura, a la educación, a la sanidad, a la vivienda.

En España el Partido Popular ha olvidado los principios en los que se sustenta esta Europa nuestra y ha retomado prácticas autoritarias y aristocráticas, ganándose la oposición del resto de grupos políticos que representan a la ciudadanía en el Congreso de los Diputados. Ha aprobado, en solitario, una Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que restringe los derechos de expresión, reunión y manifestación; así como la reforma más dura de nuestro Código Penal desde que se aprobó en 1.995.

Ambas leyes son un ataque directo y desproporcionado al concepto europeo de Estado Social, Estado Democrático y Estado de Derecho. Son leyes restrictivas de derechos, que dotan de mayor poder al Gobierno en detrimento de Juzgados y Tribunales y que únicamente buscan proteger sus propios intereses, no los de las personas. 

Son leyes absolutamente innecesarias. El Código Penal convierte en delito numerosos comportamientos que antes eran simples faltas, comportamientos relacionados con la pobreza y la exclusión social: Pequeños hurtos y estafas, ganarse la vida con el top manta, ayudar a migrantes en situación irregular. Y condena también al que protesta contra las políticas de austeridad que han causado precisamente este incremento de la pobreza y la exclusión: difundir convocatorias de reuniones donde se produzca después violencia, resistirse sin violencia a desahucios o entrar en sedes de bancos y gobiernos de forma pacífica. Introduce finalmente una cadena perpetua encubierta que no se revisará hasta los 25 años de prisión, abandonando el principio reeducativo y de reinserción de las penas. Para todas estas agravaciones el Partido Popular no tiene razón alguna que avale sus tesis: la criminalidad en España ha descendido invariablemente en los últimos años a pesar de la crisis, según los propios datos del Ministerio del Interior, y la población carcelaria también desciende año tras año.

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es igualmente innecesaria y, en su pura esencia, antidemocrática. Esta ley endurece las sanciones ya existentes, introduce nuevas infracciones que solo pretenden infundir miedo a las personas que quieren expresarse y manifestarse, y dota de mayor poder a la policía y a la Administración para impedir manifestaciones, para registrar e identificar a las personas, y para sancionar sin trabas a manifestantes. No es casualidad que se haya aprobado esta reforma ahora, justo cuando en España la ciudadanía sale más y más a manifestarse en voz alta y clara contra las medidas económicas y sociales del Gobierno.

Si ello no fuera suficiente, esta Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no solo no protege a la ciudadanía sino que legaliza, contra todos los tratados internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las expulsiones sumarias de las personas que migran por una vida mejor las fronteras de España, negándoles los derechos a pedir asilo, a gozar de asistencia legal, a evitar ser torturados en el país de origen e ignorando el deber que tenemos de identificar personas vulnerables como menores, perseguidos políticos, refugiados, víctimas de trata de seres humanos o sencillamente, personas pobres. Una nueva herramienta legal ha sido aprobada para contribuir al genocidio en la frontera mediterránea.

Las personas en España necesitan más políticas de prevención, más políticas sociales que fomenten el acceso a un empleo, a una educación de calidad, a una sanidad efectiva y a una vivienda digna. En cambio hemos obtenido represión y castigo para los sectores de población que no tienen ninguna de las anteriores y para los que debaten abiertamente, en las calles, nos preguntamos si este es el modelo de Estado que querría Europa para España y si Europa se va a quedar de brazos cruzados ante esta pérdida de derechos. Ante esta situación nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos fundamentales en el marco de la UE para garantizar que se cumplan los principios básicos de un Estado Social, Democrático y de Derecho.

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